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Martinsa-Fadesa cae víctima de la crisis hipotecaria y abre concurso de acreedores | Euribor Saltar al contenido
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Martinsa-Fadesa cae víctima de la crisis hipotecaria y abre concurso de acreedores

16 julio, 2008
                

Es la primera empresa de envergadura que cae por la crisis hipotecaria. En un intento por salvar la quiebra, la compañía solicitó un crédito de 150 millones de euros para reestructurar la deuda, recibiendo la negativa de los bancos y del ICO.

    La inmobiliaria Martinsa-Fadesa ha caído. No puede hacer frente a la inmensa cifra a la que llegan sus deudas. Es una prueba que evidencia la actual situación de crisis que se vive en España. La empresa está presidida por Fernando Martín y es la primera gran empresa que cae por la crisis de las hipotecas en España. Es un compañía de gran envergadura, de las principales companías inmobiliarias en el continente Europeo, y esto significa importantes perjuicios, para sus clientes, trabajadores, proveedores y pequeños accionistas. Además  incide directamente sobre el sector inmobiliario en España y en la economía española en general. Martinsa-Fadesa es una compañía dedicada a desarrollar proyectos inmobiliarios en lo que se refiere a primera y segunda residencia y su actividad patrimonial también se centra en proyectos hoteleros y centros comerciales.

La compañía ha instado a un concurso voluntario de acreedores, es la ley concursal que sustituye a la anterior suspensión de pagos y el procedimiento que ha iniciado Martinsa-Fadesa tiene como misión que el proyecto empresarial pueda continuar, y utilizando los instumentos que ofrece la Ley Concursal, proceder al saneamiento y reorganización de la compañia.




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La empresa se ha visto imposibilitada para hacer frente a los compromisos que firmó con los bancos acreedores. Martinsa-Fadesa necesitaba liquidez, concretamente 150 millones de euros, para continuar funcionando, pero el crédito no llegó y el problema se ha derivado en la puesta en marcha del procedimiento que ofrece la Ley Concursal.

La Ley Concursal lo que hace en realidad es poner administradores que supervisan todas las operaciones económicas de la empresa, con el fin de conseguir su saneamiento. Ahora la inmobiliaria se va a dedicar, bajo la atenta mirada de los administradores de la Ley Concursal, a iniciar las actuaciones necesarias que lleven a la generación de ingresos, como venta de activos, gestión del suelo y las que conduzcan a una reestructuración de la empresa para adecuarse a la actual situación del mercado inmobiliario y a partir de ahí reactivar su proyecto empresarial.

Se trata de la mayor suspensión de pagos que ha existido en la historia de España, y que tiene incidencia directa en las familias que han adquirido una casa de la promotora y de la gran cantidad de trabajadores de la compañía. La inmobiliaria ahora tiene que vérselas con el Expediente de Regulación de Empleo presentado en el Ministerio de Trabajo. Significa el despido de 234 trabajadores de la empresa, lo que supone aproximadamente la cuarta parte de la plantilla. El propósito de la inmobiliaria es una indemnización de 25 días por año trabajado. Pero el comité de empresa y los sindicatos se niegan a aceptar tal proposición.

Existen 12.500 viviendas que se encuentran a mitad de construcción, pero Pedro Solbes, vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Economía, ha señalado que las viviendas se terminarán y se recibirán a tiempo. Además el mismo ministro ha señalado que la compañía ha asumido unos riesgos excesivos. La compañía compró Fadesa hace un año, cuando se inició la desaceleración inmobiliaria y este parece ser que ha sido la principal causa que ha llevado a la actual situación de la empresa tras  el pinchazo del boom inmobiliario. La compañía tiene una deuda de 5.100 millones de euros, y más del 50%, concretamente 2.579 millones, son del crédito que firmó para adquirir Fadesa. La compañía en un intento desesperado de salir de la situación, también solicitó el crédito de 150 millones de euros al Instituto de Crédito Oficial (ICO), pero este se negó. Según Solbes el Gobierno es contrario a intervenir en estas situaciones ya que resulta dificil de justificar el uso de dinero de los impuestos para ayudar a empresas que han tenido mala suerte. El ministro de Economía ha argumentado que el interés del Gobierno es salir de la situación de la mejor forma posible, manteniendo al máximo el empleo y garantizando que las casas se construyan o que se se devuelvan el dinero que se adelantó.